Los titulares de los establecimientos no pudieron acreditar la legítima procedencia de la mercancía, que carecía de la acreditación de registro de la marca, y de la que tampoco podían documentar que hubiera sido adquirida mediante las comerciales autorizadas para distribuir estas marcas. Han sido investigados los responsables de los establecimientos a los que se les atribuye un delito contra la propiedad industrial.